jueves, 14 de abril de 2011

CONECTIVIDAD Y MÁS CONECTIVIDAD

En al artículo anterior expresé mi absoluto convencimiento sobre la necesidad de enseñar a las personas a conocer y utilizar las ventajas que las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan. Sin embargo, la urgencia sobre dar ese paso hacia la Sociedad de la Información, es una reflexión o si se quiere, un deseo que ya se ha expresado a través de otras muchas bocas y plumas.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sustraídos de la Declaración aprobada por los líderes mundiales en la Cumbre de Naciones Unidas realizada en 2000, se establece lo siguiente: “En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones”. (Objetivo 8, Meta 8F)
México, como suscriptor de dicha Declaración, ha adquirido el compromiso ineludible con la comunidad internacional, de dar los pasos necesarios para transitar hacia la Sociedad de la Información. Uno de los indicadores fundamentales para conocer el progreso en el cumplimiento de este objetivo se establece en la meta 8.16, el cual se refiere a la cantidad de usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Haré un pequeño paréntesis en esta línea de pensamiento para explicar algunos conceptos básicos que se requieren al abordar estos temas: El primero es “banda ancha”, que se refiere a la conectividad a internet de “alta velocidad” (entrecomillado porque a veces es difícil establecer qué es alto y qué es bajo, dependiendo del contexto, los requerimientos, las aplicaciones, el país, año de referencia, etc.). El segundo término que deseo evocar es el de “penetración de banda ancha”. Este se refiere a la cantidad de suscriptores o conexiones a internet de “alta velocidad” que existen por cada 100 habitantes. Y el tercer concepto es el de “internautas”, que se refiere a las personas que utilizan internet.
A su vez, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) puede ser problematizado a través de tres pilares que las pongan al servicio del desarrollo económico y social: 1) Conectividad. Que puede ser medida por el número de accesos a Internet de banda ancha, número de hogares conectados, número de internautas, velocidad de las conexiones a internet disponibles, entre otros. 2) Contenidos. Entendido en términos del acceso a la información y el conocimiento que los usuarios tienen, así como los servicios y aplicaciones a los que se puede acceder a través de la red, y 3) Apropiación. Refleja la manera en qué el usuario hace suya la tecnología y la medida en que aprovecha sus potencialidades.
Aunque en las siguientes entregas haremos referencia a los demás pilares, es necesario comprender que la conectividad es la vía más rápida y oportuna para llegar a la gente, ya que es requisito sine qua non para que se den los otros dos, y por lo tanto para transitar hacia la Sociedad de la Información, por lo que sin duda, debe ser el primer tema a resolver en la agenda de las políticas públicas.

Pese a lo anterior, México es un país con servicios de telecomunicaciones extremadamente caros y malos, pese a que las empresas líderes en este rubro se empeñen en afirmar lo contrario.
Según la Encuesta Sobre la Disponibilidad y uso de las TICs 2010 de INEGI, en el país sólo 6.3 millones de hogares (22.2%)[1] cuentan con acceso a internet. En comparación con los países de la OCDE y otros con los que competimos, tenemos una bajísima cantidad de internautas: 32.8 millones (menos del 30% de la población), mientras que en los países europeos el acceso a banda ancha cubre hasta un 80% de la población. Comparativamente, el precio mensual promedio de la banda ancha por megabite por segundo en México es de USD 26.03, ante apenas USD 1.30 en Corea[2], ubicando a nuestro país en el último lugar de la tabla. O visto desde otra perspectiva, el promedio de lo que una familia en los países miembros de la OCDE gasta en el acceso a internet para su hogar representa el 1% de su ingreso, mientras que en México representa el 12%. No hay ninguna duda ni es tema de discusión. Es más claro que el agua: El acceso a internet en este país es ¡extremadamente caro!
Por si fuera poco, el ranking global del Foro Económico Mundial sobre Tecnologías de la Información 2010 coloca a México en la posición 78 de 133 países evaluados, muy por debajo de Uruguay, Colombia y Panamá. Y ¿qué creen?: Mucho influyen nuestros pésimos números en conectividad.

Me parece que más allá de los altos costos, debemos centrarnos en el problema de la infraestructura y el mercado, factores en los que encontramos una especie de nudo gordiano aparentemente difícil de resolver. Por una parte, México cuenta con una infraestructura ineficiente e insuficiente que imposibilita un acceso pleno a la red, por otra, tenemos un mercado de operadores de pésima calidad, que justifican la ineficiencia de sus servicios en que el costo de construcción de infraestructura es muy elevado, comparado con la demanda y el poder adquisitivo de los usuarios.
Se dibuja ante nosotros un escenario de responsables que se culpan los unos a los otros. Ante la incapacidad de los servicios privados de telecomunicaciones, el gobierno se convierte en el actor ineludible que debe asumir su responsabilidad en la resolución del problema.
Su actuación sin embargo, debe ir más allá de la mera regulación que establezca las reglas del juego en el mercado, antes bien, debe procurar la solución inmediata a través de la inversión directa en infraestructura. Para ello, es necesario que el gobierno entienda de una vez, que el acceso a Internet es un derecho inalienable y que tiene la obligación de proveerlo a la sociedad tanto como cualquier otro servicio público destinado a la satisfacción de una necesidad básica.
Garantizar el acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información, no es pues un asunto de mercado, sino por definición, un tema de política pública. Desde mi humilde perspectiva, la intervención del Estado no es solo necesaria, sino irreductible.
Tal parece que el gobierno se encuentra convencido de que cualquier intervención en los asuntos de las empresas privadas que manejan las telecomunicaciones en nuestro país, puede ser un desacierto político y económico. Esta creencia tan arraigada en las cúpulas decisorias, ha hecho del nuestro un gobierno timorato que no solo no asume su responsabilidad, sino que además busca las excusas para no hacerlo.
Por ello, es necesario entender que el invertir en telecomunicaciones no convierte a nuestro país en un Estado paternalista ni le otorga un carácter populista. Por el contrario, puede ser una gran oportunidad para proyectarlo a nivel internacional como un gobierno conocedor de su realidad, conciente de su responsabilidad y eficiente en su actuación.
Nos hemos propuesto hacer un llamado a los actores involucrados, pero también ofrecer una crítica constructiva -aunque mis declaraciones en este escrito demuestren lo contrario- acompañada de prospectiva. Lo que también me he propuesto es no inundar o atosigar con el cúmulo de ideas que he querido compartir a través de este espacio.

Prometo -como me he prometido a mí mismo- que en las próximas entregas ofreceré una serie de propuestas que lejos de críticas excesivas y destructivas, estén encaminadas a construir un mejor país para todos.


León David Pérez Hdez.

[2] Fuente: OECD Broadband Statistics. Disponible en http://www.oecd.org Costos calculados con datos de octubre de 2009.